En los últimos años, el debate sobre la «okupación» ha saltado del margen al centro del discurso político y mediático en España. Pero, ¿responde esta preocupación a una amenaza real o a una construcción basada en el miedo y la desinformación? La puesta en marcha —y rápido fracaso— del teléfono «antiokupa» en Galicia sirve como símbolo de una inquietud social que parece tener más eco en los medios que en las estadísticas.
- Un teléfono para un problema casi inexistente
- Okupación: entre la alarma y los datos
- La proliferación de oficinas «antiokupas»
- ¿Percepción o propaganda?
- El papel de los medios y las empresas de seguridad
- Galicia: una anomalía reveladora
- La vivienda vacía como elefante en la habitación
- Una herramienta más de la batalla cultural
Un teléfono para un problema casi inexistente
El 27 de marzo de 2024, la Xunta de Galicia puso en marcha una línea telefónica específica para que la ciudadanía pudiera denunciar casos de «okupación» en la comunidad. El número, habilitado bajo el paraguas de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, tenía como objetivo ser una herramienta directa para luchar contra un fenómeno que, según las propias autoridades, genera inquietud social. Sin embargo, apenas un mes después de su activación, el servicio recibió solo tres llamadas y, tan sólo una de ellas, tenía relación con el tema para el que fue creado.
El caso del teléfono «antiokupa» gallego no es simplemente una anécdota. Funciona como una lupa que amplifica una contradicción social y política: ¿estamos ante una epidemia de ocupaciones o ante una percepción sobredimensionada del problema? ¿Cuánta okupación hay realmente en España?
Okupación: entre la alarma y los datos
Hablar de «okupación» en España es caminar sobre un terreno semántico resbaladizo. No es lo mismo un ocupa que un okupa, aunque en el discurso mediático ambos términos se entrelacen con ligereza. El primero suele hacer referencia a quien se instala en una vivienda vacía con ánimo de permanencia, a menudo por necesidad, sin consentimiento legal. El segundo, más asociado a movimientos sociales, reivindica la okupación como una forma de protesta frente a la especulación inmobiliaria y la acumulación de vivienda vacía.
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron 16.726 denuncias por okupación en toda España. Una cifra que, en términos absolutos, puede parecer alta, pero que necesita contexto: representa un 0,1% del total de viviendas en el país; además, muchas de esas denuncias no se corresponden con hogares particulares invadidos, sino con inmuebles propiedad de bancos o fondos buitre, frecuentemente vacíos desde hace años.
Y no sólo eso, sino que, además, en algunos casos, el acto de invasión del un hogar ajeno tiene una duración realmente breve, ya que la legislación contempla mecanismos para recuperar una vivienda ocupada sin que el proceso se alargue durante meses. Sirva de ejemplo, la posibilidad recientemente adoptada de desalojar a los okupas en menos de 48 horas si la denuncia se realiza de forma inmediata.
La proliferación de oficinas «antiokupas»
En paralelo al teléfono de la Xunta de Galicia, otras administraciones locales y regionales han habilitado «oficinas antiokupación». En algunos casos, estas estructuras tienen una funcionalidad concreta, como proporcionar asesoría jurídica gratuita o tramitar denuncias. En otros, parecen responder más a una estrategia de comunicación que a una necesidad probada.
Lamentablemente, aunque el caso gallego podría parecer una anécdota y cabría pensar que el resto de administraciones han tenido mejor fortuna, la realidad sigue siendo tozuda: el Ayuntamiento de Móstoles, que abrió una oficina de este tipo en 2020, en su primer año de funcionamiento no tramitó ni un solo desalojo.
La tendencia, sin embargo, pese a que la lógica invitase a que fuera a la baja, por el contrario, se ha extendido. Municipios como Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada o Parla han seguido la estela, creando unidades similares. ¿La razón? Probablemente más cercana a la percepción que a la realidad.
¿Percepción o propaganda?
No nos engañemos, resulta evidente que la okupación ha sido objeto de una campaña mediática intensa, en la que las imágenes de viviendas invadidas, propietarios desesperados y mafias organizadas han generado un clima de alarma. La idea de que cualquiera puede perder su casa de la noche a la mañana por culpa de una banda de okupas ha calado hondo en parte de la opinión pública y, además, ha sido utilizada como argumento político en los últimos años. No obstante, estudios recientes muestran que el riesgo real de que una vivienda habitual sea ocupada es extremadamente bajo. Baste decir que sólo el 0,04% de los hogares sufrieron alguna tentativa de ocupación, lo que demuestra que los niveles de okupación en España son realmente residuales.
En este sentido, debemos admitir que el contraste entre percepción y realidad no es nuevo. En sociología se conoce como disonancia cognitiva colectiva y ocurre cuando el miedo a un fenómeno supera con creces la experiencia directa de este mismo fenómeno. Los ejemplos son muchos, pero, seguramente el más fácil de percibir tiene que ver con la inseguridad ciudadana: pese a que aumenta en las encuestas, los delitos que se cometen cada vez son menos.
En este contexto, la función de los dispositivos como el teléfono «antiokupa» gallego parece alinearse con esta percepción distorsionada de la realidad que contradice tozudamente a los datos: su razón de ser está más orientada a transmitir un mensaje político que a resolver un problema estadísticamente significativo.
El papel de los medios y las empresas de seguridad
Uno de los actores principales en la construcción de esta narrativa ha sido el sector mediático. Informativos, tertulias y programas de entretenimiento han contribuido a extender una imagen del okupa como amenaza inmediata, violenta y, muchas veces, vinculada con la criminalidad organizada. Sin embargo, pocos de estos relatos hacen distinción entre la ocupación de un piso vacío de un banco y el allanamiento de una vivienda habitual.
Al mismo tiempo, las empresas de seguridad han encontrado en este clima de temor una oportunidad de negocio. Se han multiplicado los servicios «antiokupas«: puertas acorazadas, alarmas especiales, vigilantes. Incluso se ofrecen seguros específicos contra ocupación. En muchos casos, estos productos se promocionan con mensajes que refuerzan el miedo más que ofrecer soluciones reales, lo que contribuye aún más a sobredimensionar el problema.
Galicia: una anomalía reveladora
Volviendo al caso gallego, el fracaso del teléfono «antiokupa» —solo tres llamadas en un mes— expone de forma cruda esta disociación entre alarma y realidad. Galicia no es una excepción en el mapa estatal. De hecho, presenta una tasa de denuncias por okupación muy baja comparada con comunidades como Cataluña o Madrid, que concentran más del 50% de los casos.
¿Era necesario, entonces, establecer un canal específico para denunciar okupaciones? ¿O estamos ante una iniciativa simbólica más que efectiva? Tal vez, como señalan algunas voces críticas, se trate de un gesto con carga ideológica: una forma de “estar del lado del propietario” sin abordar de fondo problemas como el acceso a la vivienda, el parque inmobiliario vacío o la especulación.
La vivienda vacía como elefante en la habitación
Según el INE, en España hay más de 3,8 millones de viviendas vacías. Muchas de ellas en manos de grandes tenedores, fondos de inversión o entidades bancarias. Este dato, raramente presente en los discursos alarmistas sobre la okupación, es clave para entender el contexto.
Numerosas ocupaciones —en particular las de carácter social o político, es decir, okupaciones, en estos casos— ocurren en estas viviendas abandonadas o sin uso prolongado. En lugar de centrarse exclusivamente en el acto de la ocupación, algunos colectivos y expertos en derecho habitacional proponen reorientar el debate hacia la función social de la vivienda, tal y como recoge la Constitución Española en su artículo 47.
Este enfoque, sin embargo, colisiona con una cultura de la propiedad profundamente arraigada, en la que la vivienda se entiende más como activo financiero que como derecho básico. De ahí que, incluso en comunidades con escasa incidencia del fenómeno, como Galicia, se implementen medidas cuya efectividad es, como poco, discutible.
Una herramienta más de la batalla cultural
En última instancia, el dispositivo telefónico de la Xunta no resuelve la okupación —ni siquiera la detecta—, pero sí participa en una batalla cultural y política que se libra en múltiples frentes: los medios, las instituciones, las redes sociales. Una batalla donde el relato pesa más que los datos, y donde la ansiedad sobre la propiedad privada se convierte en símbolo de algo más profundo: el miedo a la pérdida del control sobre lo que se considera propio.
En este contexto, el teléfono «antiokupa» no es solo un número que suena poco. Es también un altavoz que, aun en silencio, dice mucho.
